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Control difuso y control concentrado: diferencias

Por , abogado. Lectura de 6 minutos. Publicado el . Revisado el .

Ilustración de control difuso y control concentrado: varias lupas pequeñas y una lupa grande examinan el mismo libro

El control difuso lo ejerce cualquier juez en un proceso: si una ley es incompatible con la Constitución, prefiere la Constitución y no aplica la ley en ese caso (artículo 138). El control concentrado lo ejerce el Tribunal Constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad, y su sentencia deja sin efecto la norma para todos (artículos 202 y 204).

Una ley contradice la Constitución. ¿Quién lo dice y qué pasa después? En el Perú hay dos respuestas, y las dos son correctas. Puede decirlo un juez cualquiera, dentro del caso que está resolviendo. O puede decirlo el Tribunal Constitucional, para todos. Eso es, en corto, el control difuso y el control concentrado.

¿Qué es el control de constitucionalidad?

El control de constitucionalidad es el mecanismo para asegurar que las normas de menor jerarquía respeten la Constitución. Parte de una premisa: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, como muestra la pirámide de Kelsen.

Afirmar esa supremacía no basta. Alguien tiene que verificarla y sacar consecuencias cuando una norma la infringe. Hay dos modelos para hacerlo, y el Perú tiene ambos:

  • Control difuso. Lo ejercen todos los jueces.
  • Control concentrado. Lo ejerce un solo órgano: el Tribunal Constitucional.

¿Qué es el control difuso y quién lo ejerce?

El control difuso es la facultad de todo juez de preferir la Constitución sobre una ley incompatible con ella, dentro del proceso que conoce. Está en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú.

El texto dice que, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Y añade que, igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

De ahí salen sus rasgos:

  • Lo ejerce cualquier juez. De paz letrado, especializado, superior o supremo. Por eso se llama «difuso»: está repartido.

  • Opera en un caso concreto. No existe un proceso para pedir control difuso en abstracto. Surge cuando, para resolver una controversia, el juez tendría que aplicar una ley que choca con la Constitución.

  • El verbo es «preferir». El juez no anula la ley. La deja de aplicar en ese caso.

¿Qué es el control concentrado y quién lo ejerce?

El control concentrado es la revisión de una norma con rango de ley a cargo del Tribunal Constitucional, mediante la acción de inconstitucionalidad. Si la norma infringe la Constitución, queda sin efecto para todos.

Tres artículos lo arman:

  • El artículo 201 define al Tribunal Constitucional como el órgano de control de la Constitución, autónomo e independiente, compuesto por siete magistrados.

  • El inciso 1 del artículo 202 le encarga conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

  • El inciso 4 del artículo 200 precisa contra qué procede esa acción: las normas con rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

«Instancia única» quiere decir que no hay un juez anterior ni uno posterior. La demanda se presenta ante el Tribunal y el Tribunal decide.

Aquí no hay un caso concreto entre dos partes. Lo que se juzga es la norma misma, en abstracto.

¿Qué efectos tiene cada tipo de control?

En el control difuso, la norma se inaplica solo en el caso. En el control concentrado, la norma queda sin efecto para todos. Es la diferencia central.

Para el control concentrado, el artículo 204 de la Constitución fija tres reglas:

  1. La sentencia que declara la inconstitucionalidad se publica en el diario oficial.
  2. Al día siguiente de la publicación, la norma queda sin efecto.
  3. La sentencia no tiene efecto retroactivo.

El artículo 103 lo confirma desde otro ángulo: la ley se deroga solo por otra ley, y también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

En el control difuso no ocurre nada de eso. La ley sigue en el ordenamiento. Otro juez, en otro proceso, podría aplicarla si no comparte el criterio.

¿Cuáles son las diferencias entre control difuso y control concentrado?

Se diferencian en quién controla, cómo, sobre qué normas y con qué alcance.

Criterio Control difuso Control concentrado
Quién lo ejerce Todos los jueces El Tribunal Constitucional
Base constitucional Artículo 138 Artículos 200 (inciso 4), 201, 202 y 204
Cómo se activa Dentro de cualquier proceso, al resolver un caso Mediante la acción de inconstitucionalidad
Qué se examina La norma aplicable a un caso concreto La norma en abstracto
Efecto La norma no se aplica en ese caso La norma queda sin efecto
Alcance Solo las partes del proceso General
Desde cuándo En el caso que se resuelve Desde el día siguiente de publicada la sentencia, sin efecto retroactivo

Un ejemplo con las dos vías. Una ley fija un requisito que Luis considera contrario a su derecho a la igualdad.

Primera vía: Luis tiene un proceso en trámite en el que esa ley es decisiva. El juez, al sentenciar, advierte la incompatibilidad con la Constitución y prefiere la norma constitucional. Luis obtiene una decisión sin que se le aplique ese requisito. La ley sigue vigente para los demás.

Segunda vía: se presenta una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda. Desde el día siguiente de la publicación de la sentencia, la ley queda sin efecto para todos.

¿Qué pasa con las normas de rango inferior a la ley?

Tienen su propio mecanismo: la acción popular. El inciso 5 del artículo 200 de la Constitución la prevé contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general que infrinjan la Constitución o la ley.

Dos diferencias con la acción de inconstitucionalidad:

  • El objeto. La acción popular se dirige contra normas reglamentarias, no contra normas con rango de ley.
  • El parámetro. Procede por infracción de la Constitución y también de la ley.

No figura entre las atribuciones que el artículo 202 asigna al Tribunal Constitucional.

Y la segunda parte del artículo 138 cubre el caso concreto: los jueces prefieren la norma legal sobre toda otra de rango inferior.

¿Cuáles son los errores más frecuentes en este tema?

Son cuatro, y el primero aparece en casi todos los exámenes.

  1. Decir que el control difuso «deroga» o «anula» la ley. La inaplica en el caso. La norma sigue vigente.
  2. Atribuir el control difuso solo a la Corte Suprema. El artículo 138 habla de «los jueces», sin distinguir nivel.
  3. Creer que la sentencia de inconstitucionalidad rige hacia atrás. El artículo 204 dice lo contrario: no tiene efecto retroactivo.
  4. Usar la acción de inconstitucionalidad contra un decreto supremo. Para las normas reglamentarias de carácter general está la acción popular.

El Tribunal Constitucional tiene además otra tarea que no debes confundir con esta. Según el inciso 2 del artículo 202, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Ahí no juzga normas en abstracto: revisa casos.

Para estudiar, quédate con dos verbos. En el control difuso el juez prefiere. En el control concentrado el Tribunal deja sin efecto. Casi todas las diferencias del cuadro se deducen de esos dos verbos.

Lo subrayado

  1. En el control difuso, todo juez prefiere la Constitución sobre la ley, pero solo para el caso que resuelve.
  2. En el control concentrado, el Tribunal Constitucional deja la norma sin efecto desde el día siguiente de publicada la sentencia.
  3. La sentencia de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede ejercer el control difuso?

Los jueces, en cualquier proceso. El artículo 138 de la Constitución dispone que, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. No se necesita un proceso especial: el control se ejerce dentro del caso que el juez está resolviendo.

¿El control difuso deroga la ley?

No. El juez deja de aplicar la ley en el caso concreto, pero la norma sigue vigente para los demás. El artículo 103 de la Constitución establece que la ley se deroga solo por otra ley y que también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

¿Contra qué normas procede la acción de inconstitucionalidad?

Contra las normas con rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Lo dispone el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución.

¿Desde cuándo deja de regir una norma declarada inconstitucional?

Desde el día siguiente de la publicación de la sentencia en el diario oficial. Lo establece el artículo 204 de la Constitución, que agrega que la sentencia que declara inconstitucional una norma legal, en todo o en parte, no tiene efecto retroactivo.

¿Y si la norma inconstitucional es un reglamento?

Para los reglamentos y demás normas administrativas de carácter general existe la acción popular, prevista en el inciso 5 del artículo 200 de la Constitución. Además, en cualquier proceso, el juez prefiere la norma legal sobre toda otra de rango inferior, conforme al artículo 138.

Base legal citada

  • Constitución Política del Perú, artículo 103
  • Constitución Política del Perú, artículo 138
  • Constitución Política del Perú, artículo 200, incisos 4 y 5
  • Constitución Política del Perú, artículo 201
  • Constitución Política del Perú, artículo 202
  • Constitución Política del Perú, artículo 204

Fuentes

Este artículo es informativo. Cada caso tiene particularidades; conviene consultar con un abogado.

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